No confío en efectos inmediatos de la ilegalización de Batasuna

Esta no es la cuestión. El asunto de fondo es si puede seguirse amparando legalmente a un partido político que asume, aplaude, comparte y practica la violencia y en cuyas filas se reclutan los secuestradores y los pistoleros de  La única respuesta es no.

El principio esencial de la democracia es que toda idea es defendible mientras que lo sea utilizando los cauces democráticos y renunciando a su imposición por la fuerza, la violencia y el terror.

Los señores de Batasuna pueden, pues, defender la independencia y hasta la reencarnación de Aitor. Lo que no pueden hacer es aterrorizar a todo aquel que no lo comparta, nutriendo y amparando a quienes han hecho de bombas y pistolas el definitivo argumento político. Tolerarlo, y eso lo hemos tolerado, no es sólo una perversión democrática sino una estupidez y un suicidio.

Este pueblo no se sacudió una dictadura, no consiguió su libertad y se dio una Constitución para dejarse vencer ahora por esta nueva forma de fascismo nacionalista. Porque ésta sigue siendo la lucha de una democracia, de un pueblo, y es esencial que la expresión máxima de su voluntad soberana, el Parlamento, sea quien actúe, contra quienes quieren acabar con sus más sagrados derechos: la vida y la libertad.

Es nuestro deber buscar la ilegalización de Batasuna y evitar que la formación política proetarra se beneficie de los derechos inherentes al sistema democrático que combate con las armas. La democracia no paga asesinos. En este contexto, la división entre partidarios y detractores de la eventual medida, con independencia de previsiones y matices, traza una precisa frontera entre quienes se sitúan de un lado y otro de la dignidad.

Por esta razón, las recientes declaraciones de miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica permiten disipar algunas indignaciones y perplejidades que había provocado la pastoral de los obispos vascos sobre las consecuencias de la ilegalización de Batasuna. El presidente de la Conferencia Episcopal española, monseñor Rouco Varela, ha declarado que no ve «objeciones desde el punto de vista de los derechos humanos y de la ley moral» a la ley de Partidos que permite la ilegalización de la coalición proetarra. El titular de la Archidiócesis de Pamplona, monseñor Sebastián, ha manifestado que bienvenida sea la ilegalización si es oportuna y sirve para la paz. Los dos testimonios no sólo revelan una claridad sin sombra de ambigüedad sino que también entrañan una contundente desautorización del documento de los prelados vascos. También expresan la evidencia de que la primera toma de posición de la Conferencia Episcopal sobre la extraviada pastoral no fue sino el resultado de una desafortunada fórmula de compromiso, ahora desmentida por portavoces autorizados.

La amenaza criminal del terrorismo obliga a una toma de posición moral inequívoca, con independencia de la eventual adhesión a los fines secesionistas del nacionalismo. Lo que está en juego no es la licitud de ciertos fines políticos sino el carácter inmoral de unos medios criminales. Estas declaraciones, tan irreprochables moralmente como algo tardías, deben contribuir a aclarar las conciencias de los católicos, y, especialmente, las de los que se sienten inclinados hacia las tesis del nacionalismo vasco. Que la vida humana se encuentra muy por encima de cualquier objetivo político, por legítimo que éste pueda ser, es algo tan claro para la moral que la menor duda sobre ello entraña un atentado contra la dignidad humana.

No es probable que estas declaraciones episcopales encuentren una recepción tan generosa como la que obtuvo la descarriada pastoral. El progresismo rampante distingue con el silencio los muchos aciertos de la Iglesia y difunde con devoción sus errores, mucho menos frecuentes. Es la ley de hierro del progresismo reaccionario.

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